Por: Ángela Sosa

¿Será que la magnitud que han alcanzado las muertes por accidentes de tránsito en Honduras amerita incorporación preventiva de este fenómeno dentro de la agenda nacional de derechos humanos, dada su creciente incidencia sobre el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad vial? Las cifras hablan por sí solas. De acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), durante el año 2025 Honduras registró 1,894 personas fallecidas en accidentes de tránsito, mientras que en los primeros meses de; 2026 la cifra ya superaba las 800 muertes, manteniendo a la siniestralidad vial como la segunda causa de muerte violenta en el país, solo después de los homicidios.

Detrás de cada estadística existe una familia que pierde a un ser querido, niños que quedan huérfanos, personas que adquieren discapacidades permanentes y comunidades enteras que sufren las consecuencias de una tragedia que, en muchos casos, pudo haberse evitado.

Un fenómeno que, pese a su impacto social, pocas veces es abordado desde la perspectiva proactiva de las instituciones u organizaciones de derechos humanos,  que se quedaron atrapados en el reaccionismo estéril, pues de que sirve un informe si no se genera una campaña de concientización, de que sirve una recomendación? sino existe articulación interinstitucional y de sociedad civil, para modificar la educación vial e implementar medidas coercitivas de control y seguimiento que vuelvan a las personas responsables del buen estado de los vehículos livianos o pesados que conducen.

Tradicionalmente, el discurso de los derechos humanos ha concentrado gran parte de sus esfuerzos en denunciar violaciones derivadas del abuso del poder, la violencia criminal, la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la realidad social evoluciona constantemente y obliga a replantear las prioridades de protección.

Hoy Honduras enfrenta nuevas amenazas contra el derecho a la vida que también merecen ser analizadas desde un enfoque preventivo. La siniestralidad vial ya no puede entenderse únicamente como un problema de tránsito o de educación vial; constituye un desafío de salud pública, de seguridad ciudadana, de infraestructura, de gobernanza y, sobre todo, de derechos humanos.

El derecho a la vida no solamente se vulnera cuando una persona es víctima de un homicidio. También se pone en riesgo cuando existen condiciones estructurales que favorecen la pérdida masiva de vidas humanas por causas previsibles y prevenibles. El exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, la falta de controles efectivos, la circulación de personas sin licencia de conducir, el deterioro de la infraestructura vial y la insuficiente educación ciudadana conforman un conjunto de factores que demandan una respuesta integral del Estado con la cooperación de Sociedad Civil.

La prevención ha sido siempre el eslabón más débil de nuestras políticas públicas. Solemos reaccionar después de la tragedia, cuando las cifras ya son alarmantes y el dolor de las familias resulta irreparable. Sin embargo, la verdadera cultura de los derechos humanos consiste precisamente en anticiparse al daño y construir políticas públicas capaces de evitarlo.

La seguridad vial no debe verse únicamente como una responsabilidad individual del conductor. Es también una responsabilidad compartida entre el Estado, las autoridades de tránsito, los gobiernos locales, el sistema educativo, los medios de comunicación, el sector privado y la ciudadanía. Cada uno posee una cuota de responsabilidad en la construcción de una cultura de respeto por la vida.

En países civilizados, las faltas a las reglas viales constituyen un crimen, y es que realmente lo es, y los exámenes para obtener licencias de conducir son rigurosos y bajo un control estricto de la veracidad de la información del solicitante, además en cada carretera fuera o dentro de una ciudad se cuenta con medidores de velocidad que, si detectan algo fuera del límite, un sobrecito le espera para pagar multas por no respetar las reglas.

Los derechos humanos del siglo XXI nos obligan a ampliar nuestra mirada. Defender la vida implica también protegerla frente a los nuevos riesgos que amenazan a nuestras sociedades. Quizá ha llegado el momento de incorporar la siniestralidad vial como uno de esos desafíos que requieren mayor atención dentro de la agenda nacional de derechos humanos. No se trata de sustituir otras prioridades, sino de reconocer que cada vida perdida en nuestras carreteras representa un fracaso colectivo que merece toda nuestra atención.

Porque cuando la muerte se vuelve cotidiana, el mayor riesgo no es únicamente el número de víctimas, sino que la sociedad termine acostumbrándose a ellas, hasta convertirse en una manada de salvajes.