Por: Marcio Sierra Mejia

Ahora que se ha derrotado a los socialistas y que hemos entrado a una nueva etapa de nuestra historia política, el principal peligro ya no es el golpe de Estado o la ruptura del orden constitucional, sino que no podamos construir un acuerdo inter partidarista para enfrentar el atraso en el desarrollo actual que tenemos. Los opositores antidemocráticos buscan minar la propia institucionalidad democrática y debilitar sus controles, desacreditar al gobierno e intentar convertir el Estado en el instrumento de la lucha por el poder, al evadir integrarse en un escenario de gobernanza democrática concertado para dejar de atacar y erosionar desde adentro las bases mismas de la democracia.

Los enemigos del Estado de derecho y la república democrática, concretamente pro melistas, buscan boicotear la separación de poderes, la independencia judicial, el respeto al gobierno democrático, mediante una campaña muy bien orquestada que difama sus acciones, trastoca el enfoque de transparencia, de rendición de cuentas y los esfuerzos para aumentar la capacidad de los ciudadanos en la toma de decisiones que buscan establecer. Los adversarios antidemocráticos quieren hacer de la política una lucha de vencedores y vencidos. Y, de nuevo, están implantando una estrategia para colocar a los nacionalistas, como enemigos de la nación. Lo cual, es sumamente temerario y contraproducente porque agudizan la fragmentación o la polarización en nuestra sociedad. Los melistas antidemocráticos, utilizan las instituciones para derrotar al otro, hacen creer que el Estado ha dejado de funcionar como patrimonio común y buscan convertirlo en un campo de batalla partidario. Por ejemplo, aducen que, al implementar el juicio político, se irrespeta el proceso democrático, la imparcialidad y los límites constitucionales. Con ello, pretenden debilitar progresivamente los contrapesos institucionales. Crean cizaña en relación a los nombramientos públicos; hacen que los órganos de control pierdan autonomía, fomentan que la justicia sea utilizada selectivamente, que el Congreso funcione como instrumento de confrontación y no como espacio de deliberación y cuestionan persistentemente al organismo electoral. Interfieren en el sistema judicial y debilitan al Estado de derecho.

Con el cambio de gobierno en enero 2026 los socialistas pro melistas inducen una lucha política que ya no se desarrolla únicamente entre partidos que buscan conquistar el poder ejecutivo. Ahora la lucha se libra, sobre todo, por el control y la orientación de las instituciones del Estado, por la legitimidad del sistema democrático y por la capacidad de cada fuerza política para construir una alternativa frente al patrón oligárquico que impera en la sociedad. La transición se produce en un escenario de confianza política debilitada y una gobernabilidad condicionada por la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional.

El haber derrotado a los socialistas modificó significativamente el contexto político hondureño. Y, con el nuevo gobierno de Nasry Asfura, se enfrenta el desafío de gobernar bajo un sistema fragmentado, con un Partido Liberal que lucha por recuperar espacio político y un Partido Libre que ahora de nuevo desempeña un papel opositor mucho más reducido, pero mucho más venenoso.

Se trata de una nueva correlación que obliga a superar la lógica de la confrontación permanente y demanda la instauración de acuerdos democráticos. Hay que salir del círculo vicioso en el que se utiliza al Estado como un instrumento de poder partidario. Superar la lucha política por controlar instituciones, presupuestos, nombramientos y, en su lugar, realizar una competencia entre diferentes proyectos de nación. Debemos trascender el peso del personalismo burocrático, el clientelismo, el sectarismo, el patrón oligárquico y la búsqueda de beneficios particulares. Debemos convertir la política en el instrumento para fortalecer la República democrática y evitar que la lucha por el poder termine debilitando la Republica misma. Tenemos que construir instituciones capaces de sobrevivir a todos los partidos y a todos los gobiernos.