Por: Marcio Sierra

Ahora que los hondureños vivimos en el siglo XXI el patrón oligárquico sigue predominando en el poder y las dificultades para lograr cambios estructurales no se vencen y siguen afectando a la sociedad hondureña. Con la reelección se innovó la política social al aplicar un asistencialismo multidimensional para atacar la pobreza rural, a través del programa que denominaron Vida Mejor, pero los resultados fueron más beneficioso para los políticos en el poder que para lograr cambios estructurales que facilitasen la inclusión de los campesinos pobres al sistema productivo. Si bien se logró atenuar la extrema pobreza mediante una racionalización de los fondos sociales y mejorar la condición económica de los pequeños cafetaleros, continuaron aplicando el método de la politización, sin lograr establecer cambios estructurales reales para crear procesos económico productivos de desarrollo local, por ejemplo, sistemas comunitarios de riego para mejorar el desarrollo comunitario.

Con los socialistas se agudizo la gobernanza oligárquica caudillista que pasó a la historia como un régimen fallido que les condujo a una tremenda derrota electoral (Marcio Sierra, 2026). Tampoco realizaron el cambio estructural que prometieron, sino que se acomodaron al patrón de poder oligárquico, aprovechando los recursos del Estado para enriquecer el círculo de familias que rodeaban al caudillo.

En Honduras, el problema histórico que tenemos es que son determinados grupos económicos los que tienen la capacidad desproporcionada para influir sobre los partidos políticos, las instituciones públicas, los medios de comunicación y las decisiones económicas. Lo que persiste es una democracia formal con elecciones y alternancias periódicas electorales, pero es una democracia realmente limitada, donde la mayoría de segmentos de la población tienen muy poca capacidad real para incidir en las decisiones nacionales. Es posible que los empresarios o grupos económico sea democráticos y contribuyan al desarrollo de la democracia porque aceptan reglas institucionales, competencia política, transparencia fiscal, derechos laborales, libertad de expresión y políticas orientadas a reducir la desigualdad. Sin embargo, la dificultad surge cuando la concentración de la riqueza es transformada en poder político privilegiado y utilizan el Estado para mantener posiciones de dominación. Por ejemplo, la toma del poder por los socialistas fue simplemente la sustitución de una oligarquía por otra, que utilizó el Estado a su favor, convirtiendo el Estado en patrimonio particular.

En este siglo XXI continuamos con el patrón de sustituir el sistema de poder oligárquico por otro y entregamos el Estado a nuevos grupos políticos. Estamos construyendo un sistema donde las oligarquías económicas, políticas o partidarias convierten el Estado en patrimonio particular. Nuestra democracia no se va a fortalecer hasta que exista un pluralismo económico, instituciones independientes, una justicia efectiva, la rendición de cuentas y una ciudadanía con capacidad real de participación.

Como sociólogo sostengo que, en Honduras, el poder oligárquico acepta la democracia como procedimiento sin aceptar que el poder económico deje de determinar quién nos gobierne, como nos gobierne y para quien gobierne. Por lo tanto, el verdadero dilema que enfrenta la ciudadanía hondureña en el siglo XXI, no es si el sistema de poder oligárquico puede desarrollar la democracia, sino si la clase adinerada está dispuestas a democratizar el poder que históricamente han concentrado. En otras palabras, una cosa es tolerar la democracia y otra muy distinta es construir una sociedad democrática. Es decir, una sociedad en la que el poder político emana de la ciudadanía, se ejerce mediante instituciones legitimas y está limitada por la Constitución, las leyes y los derechos humanos. No significa solamente celebrar elecciones: también implica una forma de convivencia social basada en la libertad, la igualdad, la participación y el respeto al pluralismo. En la sociedad democrática las relaciones de poder dejan de ser determinadas exclusivamente por una clase adinerada, política o militar y pasa a estar regulada por instituciones, derechos ciudadanos y mecanismos de participación y control social.