Por: Marcio Sierra

A lo largo del siglo XX en Honduras tuvimos procesos políticos que aumentaron la concentración de la riqueza y una persistente pobreza rural. Nuestra desigualdad social se vio sobremodo en el campo agrario, en las familias, en la educación, el desarrollo local y en lo político. Mantuvimos una estructura agraria en la que sobresalieron grandes propiedades improductivas, plantaciones de exportación, pequeñas fincas de café y una enorme masa de pequeños productores y campesinos con acceso limitado a tierra suficiente, lo que demostró la concentración del principal recurso productivo rural. Por más de 20 años, nuestra economía exportadora se mantuvo dominada por empresas extranjeras vinculadas al banano, concretamente en la costa norte. En donde la alta concentración del capital en la actividad exportadora del banano fue extraordinaria. Pero también, paralelamente a esa concentración de capital se produjo la existencia de grandes cantidades de minifundios y masas campesinas sin tierra. O sea que, gran parte de nuestra población rural, sobrevivió bajo un régimen de agricultura de subsistencia y de empleos temporales denotando la desigual distribución de los recursos productivos con bajos ingresos rurales. Debido a esta situación estructural es que el poder oligárquico militar da pie, a la política de reforma agraria entre 1960 y1970 que modificó parcialmente la estructura de propiedad, pero no eliminó las desigualdades agrarias. Posteriormente, bajo un enfoque económico neoliberal, promueven y aprueban la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) aprobada en 1992, con la cual, promovieron un modelo agrícola más orientado al mercado, la propiedad individual, la inversión privada y la agroexportación cuyo enfoque de modernización solo favorecía a quienes estaban en condiciones de aprovecharla. Con dicha política pública estimularon el paso de los campesinos de ser sujetos de transformación social a productores dependientes del mercado como activo económico y productivo, no obstante que no todos los usuarios de tierra, entraban al mercado en condiciones iguales. Se liberó el mercado de tierra sin establecer condiciones democráticas para el uso productivo de dicho recurso. El campesino pobre no tuvo las condiciones de capital, crédito, tecnología y acceso a mercados que le permitiesen convertir la tierra en un activo altamente rentable. En realidad, esta ley permitió una mayor movilidad de la propiedad agraria hacia manos de grandes empresarios agrícolas, debilitando los mecanismos que protegían las formas colectivas creadas por la Reforma Agraria. Se promovió una modernización productiva sin suficiente transformación social. En otras palabras, el campesinado fue movido a una posición estructural más débil desde la que no pudieron enfrentar los obstáculos que significaba la liberalización del mercado, es decir: el acceso al crédito, mayor capacidad tecnológica, mejor infraestructura, menos problemas de comercialización, la vulnerabilidad ante intermediarios y una reducida capacidad para soportar pérdidas. En fin, la Ley de Modernización Agricola de 1992 modernizó las reglas del mercado agrícola más rápidamente que las condiciones sociales bajo la cuales sobrevivían los campesinos pobres. Mientras que los agricultores capitalistas se favorecían, los agricultores minifundistas pobres eran sometidos a un régimen económico incierto.

En el siglo XX el poder oligárquico favoreció principalmente a grandes propietarios de tierras, comerciantes, banqueros y dirigentes políticos con acceso al crédito, la tierra, el comercio y las principales instituciones públicas. Mientras que al campesinado pobres no los favorecieron realmente. El Estado oligárquico sostuvo el rol de instrumento para garantizar la estabilidad de un orden económico excluyente que no propiciaba ampliamente el bienestar rural para la mayoría de agricultores pobres. Con el ajuste neoliberal, el Estado oligárquico lo que produjo en la sociedad fue el incremento de la desigualdad. La intensiva concentración de la riqueza y del poder político que coexistieron con altos niveles de pobreza, exclusión rural y limitado acceso al desarrollo en general. Asimismo, en las últimas dos décadas entre 1980 y  2000, el patrón del poder oligárquico hondureño, es penetrado por redes locales de tráfico, producción, distribución y protección del narcotráfico de cocaína, concretamente incidiendo en las estructuras económicas, políticas y sociales tradicionales.