Por: Lic. Juan Carlos Jara
Consultor Político Internacional
Arquitecto Institucional y Estratega de Gobierno

Cada cierto tiempo, los países tienen la oportunidad de debatir leyes que exceden el interés del presente. Son esas normas que, si están bien concebidas, dejan de pertenecer al gobierno de turno para convertirse en patrimonio de toda una nación.

Hoy, Honduras se encuentra frente a una de esas oportunidades.

La discusión sobre una nueva legislación energética no debería limitarse a tarifas, contratos o generación eléctrica. El verdadero debate es mucho más profundo. La pregunta de fondo es si estamos dispuestos a construir un sistema energético capaz de sostener el crecimiento económico del país durante las próximas décadas.

Porque la energía no mueve únicamente turbinas. Mueve fábricas, hospitales, escuelas, puertos, emprendimientos, inversiones y millones de sueños de hondureños que esperan un futuro con mayores oportunidades.

Los países que lograron desarrollarse entendieron hace mucho tiempo que la energía no constituye un gasto del Estado. Es una inversión estratégica para la competitividad nacional.

Pero existe una condición indispensable para que ello ocurra.

La confianza.

Y la confianza no se decreta.

Se construye.

Se construye con instituciones sólidas, reglas claras, seguridad jurídica, transparencia, planificación de largo plazo y respeto por los compromisos asumidos por el Estado.

Ningún inversionista serio, nacional o extranjero, coloca su capital donde las reglas cambian según el gobierno de turno. Del mismo modo, ningún ciudadano recupera la confianza cuando observa instituciones financieramente debilitadas, sin capacidad para planificar ni para responder con eficiencia a las necesidades del país.

Por ello, el verdadero desafío no consiste únicamente en fortalecer al sector eléctrico.

Consiste en fortalecer la institucionalidad que sostiene al sistema eléctrico.

Una empresa pública financieramente sana, técnicamente profesional y administrativamente transparente beneficia al Estado, pero también beneficia a los usuarios, a los trabajadores, a los empresarios, a los generadores de energía y, sobre todo, al desarrollo nacional.

No existe contradicción entre defender el interés público y promover la inversión privada responsable.

Todo lo contrario.

Las grandes democracias modernas demostraron que ambos objetivos pueden convivir cuando existe un marco institucional serio, equilibrado y previsible.

En este punto, es imprescindible incorporar un elemento que suele ser subestimado en el debate público, pero que constituye la base misma de la continuidad del desarrollo de cualquier nación: las Políticas de Estado.

Las Políticas de Estado son el verdadero cimiento de la estabilidad institucional. Son aquellas decisiones estratégicas que trascienden gobiernos, partidos e ideologías, y que permiten que un país avance de manera sostenida sin depender de los ciclos políticos.

Cuando un país logra construir Políticas de Estado en sectores clave como la energía, la educación, la infraestructura o la seguridad jurídica, deja de reinventarse cada cuatro años. Y al dejar de reinventarse, comienza a consolidarse.

Sin Políticas de Estado, incluso las mejores leyes corren el riesgo de convertirse en esfuerzos aislados, vulnerables a la improvisación o a la discontinuidad administrativa. Con Políticas de Estado, en cambio, las naciones adquieren dirección, coherencia y propósito de largo plazo.

En este contexto, el Congreso Nacional tiene una responsabilidad que trasciende cualquier diferencia política.

Sus decisiones no deberían medirse únicamente por los votos que obtengan dentro del hemiciclo, sino por el impacto que producirán dentro de diez, veinte o treinta años.

Las leyes verdaderamente importantes no pertenecen a un partido político.

Pertenecen a la historia.

Y las Políticas de Estado son el mecanismo que permite que esa historia tenga continuidad.

Por eso sería deseable que la nueva legislación energética naciera del mayor consenso posible.

No para satisfacer intereses sectoriales, sino para ofrecerle a Honduras algo mucho más valioso: estabilidad.

La estabilidad genera inversión.

La inversión genera empleo.

El empleo fortalece a las familias.

Y familias más fuertes construyen países más fuertes.

Quizás haya llegado el momento de dejar de discutir únicamente cómo producir más energía y comenzar a debatir cómo utilizar esa energía para producir más desarrollo.

Porque la electricidad puede iluminar una ciudad durante la noche.

Pero solamente instituciones fuertes, previsibles y respetadas, ( sostenidas por auténticas Políticas de Estado ); son capaces de iluminar el futuro de una nación.