Por: Marcio Sierra
Los hondureños enfrentamos un proceso de desarrollo nacional excluyente que necesitamos cambiarlo para volverlo inclusivo. Este es el reto histórico que tenemos en la republica de Honduras, ahora que hemos transitado a un régimen político democrático. Hay que construir un modelo de desarrollo nacional que no produzca solamente crecimiento económico, sino bienestar compartido, movilidad social y oportunidades para la mayoría de la población. El desarrollo de Honduras no puede seguir midiéndose únicamente por el comportamiento del PIB. Nuestra economía crece, pero con amplios sectores que permanecen excluidos de sus beneficios. La estadística muestra la insana dimensión del problema que padece Honduras: El Banco Mundial estima que, bajo la línea de US$ 8.30 diarios por persona, la pobreza hondureña alcanzaba aproximadamente 47.6% de la población, mientras que la pobreza bajo US$3 diarios se situaban el 15.3% en 2025. Además, este organismo señala que Honduras se mantienen entre los países más pobres y desiguales de América Latina y el Caribe.
Está bien crecer económicamente, pero sin desarrollo es insuficiente e inaceptable. Honduras necesita transformar el crecimiento en empleos dignos, mejores ingresos, educación de calidad, salud, vivienda, infraestructura, seguridad y oportunidades productivas. Nuestra estructura laboral es un obstáculo, porque la informalidad, los bajos salarios y la baja productividad están limitando la capacidad de millones de hondureños para mejorar sus condiciones de vida. El Banco Mundial también señala que la economía hondureña enfrenta concretamente el reto de generar empleos de mayor calidad y elevar la productividad. Esto significa que la política económica del actual gobierno no debe concentrarse exclusivamente en atraer inversión o mantener determinados indicadores macroeconómicos. Los que asesoran al presidente deberían preguntarse: ¿Cuantos empleos de calidad se están creando?, ¿quiénes se benefician del crecimiento?, ¿qué oportunidades tiene un joven pobre para convertirse en profesional o empresario?, ¿puede un minifundista campesino incorporarse competitivamente al mercado?
Hay que enfocarse en las personas. El proyecto nacional democrático del gobierno actual debe colocar al ser humano en el centro de la estrategia económica. La educación y la salud no son simplemente gastos sociales: son inversiones productivas para el futuro de la nación. El mismo Banco Mundial estimó que un niño nacido en Honduras, en promedio puede alcanzar, apenas alrededor del 48% de la productividad si recibiera educación completa y disfrutara de plena salud. Por tal razón, la sociedad hondureña en términos nacionales, tienen que transformar profundamente su sistema educativo, es decir ampliar la cobertura, reducir la deserción, elevar la calidad, fortalecer la educación técnica y vincular la formación con las nuevas necesidades productivas. La educación debe convertirse en el principal mecanismo de movilidad social y no en un privilegio determinado por el origen familiar.
Lo mismo ocurre con la salud. Con una población enferma, desnutrida o sin acceso oportuno a servicios sanitarios difícilmente se puede lograr una fuerza laboral productiva y competitiva. Sin desarrollo rural nuestra economía nacional es excluyente porque se margina el campo. Nuestra pobreza tiene una fuerte dimensión territorial. Existen profundas diferencias entre las oportunidades disponibles en las principales ciudades y aquellas existentes en comunidades rurales. Sin una política nacional de desarrollo rural que combine acceso a crédito, asistencia técnica, infraestructura, tecnología, riego, comercialización y organización productiva; nuestros campesinos, seguirán siendo receptores de subsidios y estarán alejados de convertirlos en agentes económicos capaces de producir riqueza y abastecer el mercado nacional. Necesitamos conectar a nuestros campesinos a los mercados, al financiamiento y a las cadenas de valor.
La gobernanza democrática actual debe entender que la inclusión significa democratizar las oportunidades. No es con asistencialismo que vamos a superar la pobreza, sino creando condiciones para que puedan salir de ella. Es decir, logrando instaurar procesos de inclusión que incorporen a trabajadores informales, campesinos, jóvenes, mujeres, pequeños empresarios y comunidades históricamente marginadas como protagonistas del desarrollo. El desarrollo inclusivo no es una concesión política. Es un proceso necesario para poder construir una nación democrática y sostenible.
