Por: Ángela Sosa

En cada proceso electoral latinoamericano se repite una expresión que parece tener vida propia: “Yo soy el o la candidata del pueblo”. La frase se escucha en discursos, entrevistas, concentraciones políticas y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, pocas veces se analiza qué significa realmente esa palabra que tanto se invoca y tan poco se define: pueblo.

Desde la sociología y la teoría política, el concepto de pueblo ha tenido múltiples interpretaciones. Para algunos autores, el pueblo representa la totalidad de los ciudadanos que integran una comunidad política. Para otros, se refiere a los sectores populares o a las mayorías sociales históricamente excluidas. Lo que difícilmente puede sostenerse es que un solo partido, movimiento o candidato pueda apropiarse de esa categoría y presentarse como su propietario exclusivo.

El problema surge cuando la palabra pueblo deja de ser una descripción social y se convierte en una herramienta de propaganda política. En ese momento, el concepto pierde contenido y adquiere una función emocional: legitimar al líder y deslegitimar a quienes piensan diferente. Quien se autoproclama “candidato del pueblo” suele insinuar que sus adversarios representan intereses contrarios al bienestar colectivo, creando una división artificial entre “el pueblo verdadero” y los demás ciudadanos.

La historia política latinoamericana está llena de ejemplos donde la apelación constante al pueblo ha servido para justificar proyectos personalistas, concentraciones de poder o narrativas polarizantes. El pueblo se convierte entonces en una abstracción conveniente, una figura simbólica que habla únicamente a través del líder que dice representarlo.

Los resultados electorales recientes en Honduras invitan precisamente a reflexionar sobre este fenómeno. Más de 6.5 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en las elecciones generales de 2025, pero la participación rondó el 60 %, dejando una proporción significativa de abstencionistas. Estos datos plantean una pregunta incómoda para toda la clase política: ¿cómo puede alguien atribuirse la representación absoluta del pueblo cuando una parte importante de la ciudadanía decidió no participar?.

La situación resulta aún más interesante cuando se observa el papel de la diáspora hondureña. Cientos de miles de hondureños residentes en el extranjero estaban habilitados para votar, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, históricamente este sector ha sido tratado más como una fuente de remesas que como un actor político estratégico. Paradójicamente, se les reconoce por su aporte económico al país, pero con frecuencia se minimiza su capacidad de influir en la construcción del futuro nacional.

El abstencionismo también merece una reflexión profunda. Muchos análisis simplifican el fenómeno como apatía o falta de interés, cuando en realidad puede reflejar desconfianza, desencanto o falta de representación. Cuando millones de ciudadanos deciden no acudir a las urnas, están enviando un mensaje político tan relevante como quienes votan.

Por ello, quizá ha llegado el momento de abandonar las consignas fáciles y recuperar el significado auténtico de la palabra pueblo. El pueblo no es un partido político. No es un líder. No es una ideología. Tampoco es una mayoría circunstancial obtenida en una elección. El pueblo es la totalidad de ciudadanos que conforman la nación, incluyendo a quienes votan, a quienes se abstienen, a quienes viven dentro del país y a quienes lo hacen desde la diáspora.

La democracia se fortalece cuando los gobernantes comprenden esta diferencia. Quien gana una elección obtiene un mandato para gobernar, pero no adquiere la propiedad moral del pueblo. Confundir ambas cosas es uno de los errores más frecuentes del populismo contemporáneo.

En tiempos de creciente polarización, Honduras necesita menos discursos que hablen en nombre del pueblo y más liderazgos capaces de escuchar realmente a la ciudadanía. Porque el pueblo no pertenece a los políticos; son los políticos quienes deberían pertenecer al pueblo.