Una jueza penal dictó este miércoles auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, en el proceso que enfrenta por los delitos de incitación a la discriminación y limitación de determinados derechos fundamentales, a raíz de señalamientos realizados contra cuatro periodistas.
La resolución fue emitida luego de una audiencia inicial que se prolongó durante aproximadamente 12 horas, desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Durante la jornada, el Ministerio Público presentó distintos elementos que, según la acusación, respaldan el caso contra el exjefe militar.
Entre las pruebas incorporadas por la Fiscalía figuran publicaciones institucionales, documentación, testimonios y peritajes relacionados con la elaboración y difusión de mensajes en plataformas digitales y redes sociales. El proceso está relacionado con señalamientos dirigidos contra los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
El origen de la investigación se encuentra en una publicación difundida el 26 de mayo de 2025 por un medio institucional de las Fuerzas Armadas, bajo el título “Sicarios de la verdad”. A partir de esa publicación y de otros mensajes posteriormente atribuidos al entonces jefe militar, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal que dio paso al proceso judicial.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que las expresiones y publicaciones objeto de investigación podrían constituir las conductas por las que Hernández fue acusado. El Ministerio Público también presentó argumentos relacionados con la protección de la libertad de expresión y la jurisprudencia aplicable a conflictos entre funcionarios o figuras públicas y periodistas.
Por su parte, la defensa de Hernández rechazó los señalamientos y cuestionó la forma en que se desarrolló la audiencia. El abogado defensor Darwin García aseguró que a la representación legal del exjefe militar no se le permitió incorporar algunos elementos que consideraba fundamentales para demostrar su posición.
García señaló específicamente que no fueron admitidos dos peritajes ni la declaración del propio general Hernández. A criterio de la defensa, estas decisiones habrían afectado el derecho al debido proceso y las garantías de defensa, por lo que anunció que recurrirá la resolución ante la Corte de Apelaciones.
El abogado también sostuvo que la defensa continuará utilizando las vías legales disponibles para cuestionar las medidas adoptadas por la jueza. El recurso de apelación será el siguiente paso dentro de la estrategia jurídica de Hernández, quien permanece sometido al proceso mientras se define la situación de los recursos planteados.
La parte acusadora, en cambio, valoró favorablemente la decisión judicial. El periodista Dagoberto Rodríguez, uno de los comunicadores mencionados en el proceso, manifestó que los argumentos presentados por el Ministerio Público lograron sustentar la acusación y consideró que la resolución representa un avance dentro del caso.
Rodríguez afirmó que la Fiscalía estableció, a su criterio, una adecuada tipificación de los delitos atribuidos a Hernández y presentó jurisprudencia relacionada con los límites y responsabilidades en materia de libertad de expresión. El periodista también señaló que varios de los elementos ofrecidos por la defensa fueron desestimados durante la audiencia.
Con la resolución de este miércoles, el proceso contra Roosevelt Hernández continuará en los tribunales. El auto de formal procesamiento no representa una sentencia definitiva sobre su responsabilidad penal, sino una decisión que permite que el proceso avance mientras las partes ejercen los recursos y mecanismos establecidos por la legislación hondureña.
La defensa deberá decidir y presentar el recurso de apelación anunciado, mientras que el proceso continuará su curso conforme a las siguientes etapas judiciales. La audiencia preliminar fue programada inicialmente para el 14 de septiembre a las 9:30 de la mañana, de acuerdo con la información proporcionada por la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo.
El caso ha generado además un debate público sobre los límites de la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y las expresiones de funcionarios o exfuncionarios hacia los medios de comunicación. Mientras la defensa sostiene que Hernández estaba respondiendo a ataques contra su persona y contra las Fuerzas Armadas, la acusación sostiene que determinadas expresiones pudieron sobrepasar los límites establecidos por la legislación.
De esta manera, serán las instancias judiciales correspondientes las que deberán determinar si los elementos presentados por la Fiscalía son suficientes para sostener la acusación durante las siguientes etapas del proceso y, eventualmente, establecer si existe o no responsabilidad penal del exjefe militar.
