El Congreso Nacional tiene sobre la mesa un nuevo paquete de reformas a la legislación electoral con el que se pretende corregir varias de las debilidades que quedaron expuestas durante las elecciones primarias y generales de 2025, un proceso marcado por cuestionamientos, conflictos dentro de los organismos electorales y una fuerte pérdida de confianza ciudadana.

La propuesta plantea modificar 72 artículos de la actual Ley Electoral e incorporar 10 disposiciones nuevas, lo que representa una intervención sobre aproximadamente el 20 % de la normativa vigente. El objetivo declarado es fortalecer la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), mejorar los mecanismos de transmisión de resultados, aumentar los controles tecnológicos y establecer responsabilidades más claras para los funcionarios electorales.

El proyecto será presentado al pleno del Congreso Nacional y posteriormente deberá ser discutido y dictaminado por la Comisión de Asuntos Electorales. Sin embargo, varias de las modificaciones planteadas podrían generar un intenso debate político, especialmente aquellas relacionadas con la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), la participación de los partidos en las mesas y la posibilidad de establecer una segunda vuelta presidencial.

Un sistema marcado por la crisis de 2025

Las elecciones del año pasado dejaron importantes lecciones para el sistema democrático hondureño. Los problemas registrados durante el proceso primario y posteriormente en los comicios generales evidenciaron las dificultades que puede generar la falta de acuerdos dentro de los organismos electorales.

Uno de los principales puntos que se pretende corregir es precisamente el funcionamiento del pleno del CNE. La propuesta plantea que para adoptar decisiones sea suficiente una mayoría, en lugar de requerir unanimidad, mecanismo que, según los promotores de la reforma, permitiría evitar que un solo consejero pueda bloquear el funcionamiento del órgano electoral.

La experiencia de 2025 puso este problema en evidencia cuando las diferencias entre los consejeros generaron retrasos y dificultades para avanzar en decisiones relacionadas con el proceso electoral y el conteo de resultados.

La intención de los reformadores es que una situación similar no pueda repetirse en futuros comicios y que el sistema tenga mecanismos para garantizar que las instituciones electorales continúen funcionando aun cuando existan desacuerdos entre sus integrantes.

Ciudadanizar las mesas: uno de los puntos más polémicos

Uno de los cambios que podría generar mayor discusión política es la propuesta de modificar la manera en que se integran las Juntas Receptoras de Votos.

La propuesta técnica elaborada por exfuncionarios electorales plantea que los integrantes de las mesas sean seleccionados mediante sorteo aleatorio entre ciudadanos habilitados en el censo electoral, en lugar de que su integración dependa principalmente de las estructuras de los partidos políticos.

Los ciudadanos seleccionados recibirían capacitación del CNE y tendrían la obligación de ejercer el cargo. Para quienes incumplan, se contempla una multa de 5,000 lempiras, además de otras medidas reglamentarias.

La propuesta busca reducir la influencia directa de los partidos políticos en las mesas receptoras y convertirlas en espacios más ciudadanos y profesionales.

Sin embargo, desde el Congreso Nacional ya existen posiciones contrarias a una ciudadanización total.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas, considera que debería establecerse un modelo híbrido, en el que los partidos mantengan representantes, mientras que otros cargos dentro de las mesas sean ocupados por ciudadanos provenientes de la academia, iglesias o sectores juveniles capacitados por el CNE.

El debate refleja uno de los dilemas centrales de la reforma: cómo garantizar independencia sin eliminar completamente la representación y vigilancia de los partidos políticos sobre las elecciones.

Segunda vuelta queda fuera del proyecto

Otro de los temas que ha generado discusión es la posibilidad de establecer una segunda vuelta presidencial.

Aunque esta figura forma parte de las propuestas elaboradas por exfuncionarios electorales y especialistas, el proyecto que será presentado al Congreso Nacional no contempla actualmente el balotaje.

Rivera Callejas considera que una segunda vuelta no es necesaria en Honduras debido a que, a su juicio, existen solamente tres fuerzas políticas con posibilidades reales de competir por la Presidencia.

El argumento contrasta con la posición de los especialistas que consideran que una segunda vuelta podría otorgar mayor legitimidad al presidente electo cuando el resultado de la primera ronda sea muy cerrado o cuando el ganador obtenga un porcentaje reducido de los votos.

Para incorporar el balotaje sería necesario modificar la Constitución, por lo que no bastaría con una reforma ordinaria a la Ley Electoral.

Más controles sobre el CNE

El paquete también busca establecer mayores controles sobre los propios funcionarios electorales.

Entre las propuestas se contempla reforzar las inhabilidades para convertirse en consejero del CNE, incluyendo restricciones relacionadas con parentescos con secretarios de Estado, magistrados, jueces y otros altos funcionarios.

También se plantea establecer obligaciones más estrictas de asistencia a las sesiones del organismo electoral.

Los incumplimientos podrían generar informes dirigidos al Congreso Nacional para determinar responsabilidades políticas, además de remitir información al Ministerio Público cuando existan posibles responsabilidades penales.

La intención es evitar que las diferencias personales o políticas entre consejeros puedan paralizar nuevamente el funcionamiento de la institución encargada de organizar las elecciones.

Tecnología bajo mayor vigilancia

La transmisión y divulgación de resultados también ocupa un lugar importante en las reformas.

El proyecto propone que el sistema utilizado para transmitir los resultados sea sometido a pruebas y simulacros antes de la convocatoria oficial a elecciones.

Además, se plantea una mayor interconexión con partidos políticos, observadores y medios de comunicación, así como la divulgación periódica de información sobre el avance del escrutinio.

La seguridad informática también tendría nuevas exigencias, incluyendo auditorías y mecanismos de control destinados a impedir modificaciones no autorizadas de los sistemas electorales.

El objetivo es que los ciudadanos puedan conocer de manera más rápida y transparente cómo avanza el conteo de votos y que los actores políticos tengan acceso simultáneo a la información.

Desinformación y deepfakes entran al debate electoral

La evolución tecnológica también ha obligado a los legisladores a considerar un fenómeno que prácticamente no estaba contemplado en las normas electorales tradicionales: la desinformación digital.

La propuesta incorpora disposiciones relacionadas con noticias falsas, encuestas falsas, deepfakes y mensajes de odio, además de protocolos de alerta y posibles acuerdos con plataformas digitales.

La intención es evitar que contenidos manipulados puedan alterar la percepción de los votantes durante una campaña.

No obstante, esta parte de la reforma podría generar otro debate: cómo combatir la desinformación sin que las nuevas normas terminen siendo utilizadas para limitar la libertad de expresión o censurar opiniones políticas.

También se plantea modificar la justicia electoral

Otra propuesta plantea eliminar el Tribunal de Justicia Electoral y trasladar las controversias electorales a una sala especializada.

Asimismo, se plantea modificar la estructura encargada de fiscalizar el financiamiento político y trasladar determinadas funciones de auditoría al Tribunal Superior de Cuentas, mientras que las posibles responsabilidades penales quedarían en manos del Ministerio Público.

También aparece sobre la mesa la posibilidad de regresar el Registro Nacional de las Personas (RNP) a la estructura del organismo electoral, una modificación que igualmente requeriría cambios constitucionales.

El reto será lograr consenso

Más allá de la cantidad de artículos que se pretenden modificar, el principal desafío será político.

Las reformas electorales afectan directamente las reglas bajo las cuales los partidos compiten por el poder y, por esa razón, cualquier cambio en la integración de las mesas, fiscalización, transmisión de resultados o funcionamiento del CNE tendrá que ser discutido entre las diferentes fuerzas políticas.

Los promotores de la iniciativa sostienen que el paquete nace precisamente de las experiencias acumuladas durante los procesos de 2025 y busca impedir que los problemas registrados vuelvan a poner en riesgo la estabilidad democrática.

Sin embargo, especialistas y organizaciones de sociedad civil han advertido en distintos momentos que una reforma electoral efectiva requiere algo más que modificaciones legales: necesita independencia institucional, voluntad política, recursos suficientes, controles tecnológicos y respeto de todos los actores a las reglas electorales.

El Congreso Nacional tendrá ahora la responsabilidad de decidir si las reformas propuestas se convierten en un verdadero mecanismo de prevención de crisis o si terminan siendo otro capítulo de la disputa política alrededor del sistema electoral hondureño.

La discusión será especialmente relevante porque las elecciones de 2025 dejaron una advertencia clara: cuando las instituciones electorales no pueden funcionar con normalidad, el problema deja de ser exclusivamente administrativo y puede convertirse rápidamente en una crisis de confianza sobre el resultado de las urnas.