Las autoridades de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) aseguraron que una parte importante de las extorsiones que afectan al transporte público no proviene de estructuras criminales externas, sino de personas vinculadas al mismo sector. Según las investigaciones policiales, seis de cada diez casos son cometidos por transportistas o colaboradores que operan desde el interior del rubro.

El comandante de la DAET, comisionado Jorge Daniel Molina, explicó que los análisis realizados por la unidad durante sus primeros meses de funcionamiento revelan que algunos actores aprovechan el temor generado por las pandillas para exigir pagos a otros transportistas, simulando pertenecer a organizaciones criminales. A su juicio, esta situación evidencia la necesidad de ordenar y modernizar el sistema de transporte.

De acuerdo con el oficial, el 20 % de las extorsiones sí corresponde a estructuras criminales que cobran el denominado “impuesto de guerra”, mientras que otro 20 % son estafas cometidas por personas que se hacen pasar por miembros de grupos delictivos para obtener dinero de sus víctimas.

Molina señaló que las investigaciones han permitido identificar casos en los que colaboradores o propietarios del transporte intimidan a otros empresarios del rubro para exigirles pagos, aprovechándose del ambiente de inseguridad. Agregó que estas prácticas alimentan un círculo de desorden que dificulta combatir de forma efectiva la extorsión.

El jefe policial también indicó que existen personas que ingresan al sector como ayudantes y, en pocos años, logran convertirse en propietarios de unidades, una situación que, según dijo, ha llamado la atención de los investigadores sobre el origen de algunos recursos y las dinámicas internas del transporte.

Finalmente, el comisionado sostuvo que reducir este delito requiere cambios estructurales en el sector, incluyendo mayor control, regulación y modernización del transporte público, al considerar que el desorden facilita la continuidad de las redes de extorsión.