Un nuevo caso relacionado con el manejo de recursos públicos ha generado polémica luego de que una investigación periodística revelara que la Secretaría de Seguridad adjudicó un contrato por 112.5 millones de lempiras para el suministro de uniformes y accesorios de la Policía Nacional a una empresa que opera públicamente como una tienda de ropa usada americana. El proceso de contratación se llevó a cabo durante la gestión del entonces ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.

De acuerdo con la investigación, la licitación contemplaba la adquisición de 20 tipos de prendas y accesorios para la Policía Nacional, entre ellos pantalones tácticos, camisas, gorras, caponas, distintivos y otros implementos de uso institucional. En el concurso participaron cuatro empresas, pero la adjudicación recayó en la oferta de L112.5 millones, luego de que la propuesta de menor costo fuera declarada inadmisible por incumplimientos relacionados con la entrega de muestras, documentación y el plazo de ejecución.

El reportaje también pone bajo análisis el cumplimiento de los requisitos financieros exigidos en el pliego de condiciones. Entre ellos figuraba la obligación de demostrar acceso inmediato a efectivo o líneas de crédito equivalentes al 50 % del monto ofertado, es decir, alrededor de 56 millones de lempiras. Según la documentación revisada, la Comisión Evaluadora solicitó aclaraciones sobre este requisito semanas después de la apertura de ofertas, lo que ha generado interrogantes sobre si el procedimiento respetó el principio de igualdad entre los participantes.

Como parte de la investigación, periodistas visitaron el establecimiento beneficiado con el contrato y encontraron un negocio dedicado a la venta de ropa usada, muebles y otros artículos de segunda mano. En el lugar no se observaron talleres de confección, maquinaria industrial, bodegas de producción ni evidencia visible de fabricación de uniformes policiales. No obstante, los investigadores aclaran que esta observación no demuestra por sí sola que la empresa carezca de proveedores o capacidad logística para cumplir el contrato.

La investigación señala además que se buscó la versión de representantes de la empresa adjudicada y de funcionarios actuales y anteriores de la Secretaría de Seguridad para conocer detalles sobre el proceso de licitación, la capacidad operativa de la compañía y los criterios utilizados para la adjudicación. Sin embargo, hasta el cierre del reportaje no se obtuvo respuesta de ninguna de las partes consultadas.

El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en las contrataciones públicas y el uso de los recursos destinados al fortalecimiento de la Policía Nacional. Mientras continúan los cuestionamientos, distintos sectores consideran necesario que las autoridades competentes revisen el proceso para determinar si la adjudicación cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley y garantizar la confianza en la administración de los fondos públicos.