La Ceiba, Atlántida, 9 de agosto de 2026

Según información de inteligencia que debe ser investigada y verificada, personas y operadores vinculados al gobierno anterior habrían mantenido activa una estructura política y financiera destinada a conservar influencia y cuotas de poder dentro de instituciones fundamentales del Estado, aun después de haber dejado el gobierno.

Los señalamientos alcanzan presuntos mecanismos de influencia económica sobre magistrados, jueces, fiscales, funcionarios y operadores políticos, incluso personas vinculadas a otros partidos. También se habla de recursos administrados mediante terceros, sociedades, testaferros y estructuras financieras dentro y fuera de Honduras.

Esto no puede quedar como un simple rumor. El Ministerio Público debe investigar y seguir la ruta del dinero: cuentas bancarias, sociedades, transferencias, beneficiarios finales, patrimonios injustificados y cualquier conexión financiera internacional, incluyendo las señaladas en República Dominicana.

Que se investigue también si recursos provenientes de partidas manejadas durante el gobierno anterior, o dinero de origen ilícito, pudieron alimentar una estructura destinada a seguir comprando influencia y controlando decisiones institucionales desde fuera del poder.

Nadie debe ser condenado sin pruebas, pero nadie debe ser intocable ante una investigación.

Honduras cambió de gobierno; ahora hay que determinar si también cambió el poder que opera detrás de algunas instituciones.

La justicia no puede tener dueño, caudillo, partido ni tarifa.

La justicia le pertenece al pueblo hondureño.

Juana María Pérez

Alias “Juan Pueblo”