El Congreso Nacional aprobó una serie de reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica que endurecen las sanciones contra los agresores y fortalecen los mecanismos de protección para las mujeres víctimas de violencia.

Las modificaciones establecen nuevas restricciones para las personas condenadas por este delito, quienes ya no podrán obtener licencias de conducir, adquirir o portar armas de fuego ni desempeñar cargos públicos. Además, las autoridades podrán utilizar dispositivos electrónicos de monitoreo para garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento dictadas por los tribunales.

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto, explicó que las reformas forman parte de una estrategia orientada a prevenir la escalada de la violencia y reducir los casos que terminan en femicidios.

Como parte de las nuevas medidas, también se creará un registro especial de agresores, herramienta que permitirá un mayor control y seguimiento de las personas condenadas por violencia doméstica.

La parlamentaria recordó que recientemente el Poder Legislativo aprobó reformas al Código Penal para aumentar las penas por femicidio, estableciendo condenas que podrían alcanzar hasta los 60 años de prisión.

Según Pinto, una gran cantidad de casos de femicidio tienen antecedentes de violencia doméstica, por lo que consideró fundamental intervenir desde las primeras manifestaciones de agresión para proteger a las víctimas y evitar desenlaces fatales.

Asimismo, hizo un llamado a las mujeres afectadas por cualquier tipo de violencia a presentar las denuncias correspondientes, con el fin de que las autoridades puedan actuar oportunamente contra los responsables.

Con estas reformas, el Congreso busca fortalecer el marco legal de protección a las mujeres y reforzar la lucha contra la violencia doméstica y los delitos de género en Honduras.