Un conflicto por la posesión de tierras volvió a generar preocupación en el departamento de Atlántida. El empresario agroindustrial Jaime Rosales denunció públicamente que un grupo de personas ingresó a una propiedad donde desarrolla un proyecto agrícola en la comunidad de Tornabé, municipio de Tela, impidiéndole el acceso tanto a él como a su socio estadounidense y obligando a suspender temporalmente las actividades productivas que se realizaban en la finca.

El empresario aseguró que el incidente ocurrió durante el fin de semana, cuando varias personas permanecieron en el ingreso principal del terreno y evitaron que el personal pudiera ingresar a trabajar. Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades para que intervengan y garanticen el respeto al Estado de derecho y a la propiedad privada.

Afirma que el proyecto representa una fuerte inversión

Rosales explicó que desde hace aproximadamente tres años mantiene una alianza empresarial con el ciudadano estadounidense Steve Stevens, originario del estado de Maryland, con quien impulsó la creación de la empresa Cultivos Edén, dedicada a la producción, injertación y comercialización de árboles de mazapán.

Según detalló, el proyecto nació con el objetivo de desarrollar de forma comercial un cultivo que durante décadas ha existido en distintas zonas de Honduras, especialmente en la costa norte, pero que hasta ahora no había sido aprovechado a gran escala para fines productivos.

El empresario señaló que la iniciativa contempla no solo la producción agrícola, sino también la generación de empleo, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de nuevas cadenas de valor para pequeños y medianos productores.

Buscan convertir el mazapán en un nuevo rubro agrícola

Rosales indicó que la empresa trabaja actualmente con agricultores de diferentes departamentos del país, suministrándoles plantas injertadas, asistencia técnica y acompañamiento para establecer nuevas plantaciones de mazapán.

Explicó que el crecimiento de la demanda ha sido tan significativo que incluso han tenido que importar plantas desarrolladas mediante técnicas de fertilización in vitro desde Estados Unidos para atender las solicitudes de productores interesados en incorporarse al proyecto.

A su juicio, el cultivo representa una oportunidad para diversificar la producción agrícola nacional y abrir nuevos mercados tanto dentro como fuera del país.

“Creemos en el diálogo”

El empresario aseguró que mantiene una relación de respeto con las comunidades garífunas y afirmó que nunca ha existido una intención de confrontación.

“No tenemos nada en contra de nuestros hermanos garífunas. Reconocemos su historia, su cultura y su aporte al país. Creemos que cualquier diferencia puede resolverse mediante el diálogo y dentro del marco de la ley”, manifestó.

No obstante, sostuvo que cualquier reclamo relacionado con la propiedad debe tramitarse ante las autoridades competentes y no mediante la ocupación del terreno o el impedimento del ingreso a la finca.

Asegura que la propiedad cuenta con toda la documentación legal

Rosales afirmó que el terreno donde funciona el proyecto agrícola posee escritura pública, dominio pleno, inscripción en el Instituto de la Propiedad y que todas las obligaciones tributarias correspondientes han sido cumplidas.

Según explicó, antes de realizar la inversión se verificó la situación jurídica del inmueble para garantizar que el proyecto pudiera desarrollarse conforme a la legislación hondureña.

Por ello, expresó su preocupación al considerar que este tipo de conflictos puede generar incertidumbre para quienes buscan invertir en el país.

Denuncia amenazas durante el incidente

El empresario también aseguró que durante los hechos tanto él como su socio estadounidense fueron objeto de amenazas, situación que calificó como preocupante debido al impacto que podría tener sobre la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

Indicó que, además de la suspensión de las labores agrícolas, el conflicto ha provocado retrasos en la planificación del proyecto y mantiene en incertidumbre a trabajadores vinculados a la producción.

Rosales señaló que continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para defender sus derechos y buscar una solución al conflicto.

Pide intervención del Gobierno

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno de la República, a las autoridades de Seguridad, al Ministerio Público y al sistema judicial para que atiendan el caso y garanticen la protección de la propiedad privada, el respeto al Estado de derecho y la seguridad jurídica.

A su criterio, ofrecer certeza a quienes invierten en el país resulta fundamental para promover el desarrollo económico, generar empleo y atraer nuevos proyectos productivos.

El empresario reiteró su disposición al diálogo y expresó su confianza en que las autoridades puedan facilitar una solución dentro del marco legal, permitiendo que el proyecto agrícola continúe desarrollándose en beneficio de la economía local y nacional.