La crisis financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) enfrenta un problema que va más allá de las pérdidas económicas y el deterioro de la infraestructura: la presencia de estructuras criminales en sectores donde las cuadrillas de la estatal prácticamente no pueden ingresar por razones de seguridad.

La situación fue expuesta durante el programa Frente a Frente de Canal 5, donde participaron el diputado liberal Mario Segura, el diputado nacionalista Eder Mejía y el exgerente de la ENEE, Erick Tejada. El debate se desarrolló en medio de las negociaciones en el Congreso Nacional para alcanzar acuerdos sobre una reforma al sector eléctrico.

Cuadrillas no pueden ingresar a algunas zonas

Tejada reconoció que dentro de la operación de la ENEE existen sectores catalogados como “zonas de difícil gestión”, debido a la fuerte presencia del crimen organizado.

Según explicó, en determinados barrios y colonias las cuadrillas encargadas de realizar labores relacionadas con el servicio eléctrico enfrentan dificultades para ingresar, lo que afecta directamente las labores de medición, cobro, mantenimiento y control de las pérdidas.

El exgerente de la estatal señaló que existen lugares donde la presencia de grupos criminales hace que los trabajadores de la empresa eléctrica no puedan desarrollar sus actividades con normalidad.

La situación también fue respaldada durante el debate por el diputado Mario Segura, quien aseguró que al Congreso Nacional han llegado denuncias relacionadas con el supuesto control del cobro de energía por parte de estructuras delictivas.

El legislador explicó que obtener pruebas resulta complicado debido al temor de los habitantes que viven bajo presión de estos grupos.

“Es difícil comprobarlo porque ellos también tienen sus estructuras y la gente que está con este tipo de presiones no le va a contar a uno”, señaló Segura, quien agregó que en algunas zonas “no llegan las cuadrillas porque tienen miedo”.

¿Cobros paralelos?

Uno de los aspectos más delicados planteados durante el debate es la posibilidad de que en determinados sectores existan cobros paralelos o mecanismos informales de pago de energía.

Aunque Tejada aclaró que no es sencillo comprobar documentalmente este tipo de prácticas, reconoció que los señalamientos han persistido entre personas que conocen la situación en estas zonas.

El problema representaría un golpe adicional para la ENEE, debido a que la empresa no solamente deja de tener control directo sobre parte de la gestión comercial, sino que también enfrenta dificultades para combatir el hurto de energía y recuperar los recursos que debería recibir por el servicio.

La eventual existencia de sistemas paralelos de cobro también plantea interrogantes sobre el control territorial que mantienen las estructuras criminales y sobre la capacidad del Estado para garantizar la prestación y administración de un servicio público esencial.

Pérdidas por hurto llegan hasta 35 %

Durante el programa también se abordó uno de los principales problemas financieros de la ENEE: las pérdidas de energía.

El diputado Eder Mejía señaló que el hurto de energía representa entre el 30 % y 35 % de las pérdidas totales que enfrenta la estatal, por lo que consideró necesario adoptar medidas más contundentes para recuperar los recursos que se pierden.

Mejía sostuvo que, si es necesario involucrar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en operativos destinados a combatir el hurto y recuperar el control de determinadas zonas, debería analizarse esa posibilidad.

“Si hay que involucrar a la Policía, las Fuerzas Armadas en este plan de rescate y de recuperación de estas pérdidas por hurto, hay que hacerlo”, planteó.

El congresista también consideró que podrían ser necesarias modificaciones legales, incluso al Código Penal, para endurecer las acciones contra quienes sustraen ilegalmente energía eléctrica.

ENEE enfrenta millonaria mora

A las pérdidas técnicas y no técnicas se suma una elevada cartera de cuentas pendientes de pago.

Durante el debate se señaló que la mora de la ENEE ronda los 18,000 millones de lempiras, situación que limita aún más la capacidad financiera de la empresa estatal.

Tejada explicó que dentro de los principales deudores se encuentran usuarios residenciales y entidades gubernamentales.

El exgerente también mencionó la existencia de aproximadamente 23,000 consumidores de alto consumo, considerados aquellos que utilizan más de 3,000 kilovatios hora al mes.

A su criterio, es necesario identificar cuáles de estos grandes consumidores mantienen obligaciones pendientes con la estatal y establecer mecanismos concretos para recuperar esos recursos.

También deben pagar los grandes consumidores

La discusión puso sobre la mesa otro de los reclamos recurrentes alrededor de la ENEE: la necesidad de aplicar las reglas de cobro sin distinción entre pequeños y grandes consumidores.

Mejía cuestionó que se pretenda exigir el pago únicamente a los usuarios residenciales mientras existen grandes consumidores que también mantienen deudas con la estatal.

“Desde el más grande debe dar el ejemplo, hasta el más pequeño. Si paga el pequeño, ¿por qué no va a pagar el grande?”, cuestionó el diputado nacionalista.

Por su parte, Tejada advirtió sobre la circulación de listados de supuestos grandes deudores que, según dijo, en algunos casos no serían confiables.

Por ello, planteó que la actual administración de la ENEE debería realizar una actualización oficial de las cuentas pendientes y establecer públicamente cuál será la estrategia para recuperar esos recursos.

Reforma eléctrica enfrenta uno de sus mayores desafíos

Las denuncias sobre la influencia del crimen organizado en algunas zonas del país se conocen mientras las bancadas del Congreso Nacional buscan alcanzar acuerdos para reformar el marco legal del sector eléctrico.

El desafío no se limita a modificar leyes o mejorar las finanzas de la ENEE. La empresa también enfrenta problemas relacionados con el hurto de energía, la mora, las pérdidas técnicas, la falta de control en determinados sectores y las dificultades de seguridad que afectan a sus trabajadores.

La situación expuesta durante el debate evidencia que recuperar la estabilidad de la estatal requiere una estrategia que combine inversión, eficiencia operativa, recuperación de la mora, combate al hurto y presencia efectiva del Estado en las zonas donde actualmente existen dificultades para realizar labores de cobro y mantenimiento.

El problema adquiere una dimensión todavía mayor si las estructuras criminales logran condicionar quién puede ingresar a determinados sectores y cómo se administra el pago de un servicio público.

Mientras el Congreso discute las reformas al sector, queda pendiente determinar hasta dónde llega realmente este fenómeno, cuántas zonas están afectadas y cuánto dinero deja de percibir la ENEE por las dificultades para ingresar, medir, facturar y cobrar en estos sectores.

Por ahora, las declaraciones de exfuncionarios y diputados colocan sobre la mesa una realidad que las autoridades deberán investigar con mayor profundidad: la crisis eléctrica de Honduras ya no es solamente un problema de números y generación de energía, sino también de control territorial y seguridad.