By El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidieron al Congreso Nacional dar prioridad a la aprobación de una normativa que permita mejorar la búsqueda de personas desaparecidas y establecer mecanismos de apoyo para sus familias.
La petición fue planteada durante el lanzamiento de la campaña “La ausencia tiene nombre: Un llamado a la memoria, la justicia y la acción”, iniciativa que busca visibilizar los casos de desaparición que continúan registrándose en el país y colocar a las víctimas y sus familiares en el centro de la discusión.
La comisionada del Conadeh, Blanca Izaguirre, señaló que Honduras necesita aprobar la Ley de Búsqueda y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y sus Familiares, presentada ante el Legislativo en agosto. Según explicó, la propuesta establece una ruta específica para coordinar las labores de búsqueda e investigación.
Izaguirre recordó que el fenómeno no se limita a desapariciones ocurridas décadas atrás. Actualmente existen casos vinculados con personas que desaparecieron durante rutas migratorias o que salieron de sus viviendas y nunca regresaron. Entre los casos que permanecen sin esclarecer está el de la universitaria Angie Peña, desaparecida en 2022 en Roatán.
Uno de los principales vacíos señalados por el CICR es la inexistencia de un registro nacional unificado que permita conocer con precisión cuántas personas permanecen desaparecidas en Honduras. Gia López, responsable del programa de personas desaparecidas del organismo, consideró que contar con esta herramienta facilitaría la coordinación y seguimiento de los casos.
La legislación propuesta también contempla modificaciones al Código Penal relacionadas con la desaparición forzada, además de establecer procedimientos de búsqueda y medidas de protección para quienes enfrentan la pérdida de un familiar.
Para el Conadeh, contar con una normativa específica permitiría pasar de protocolos dispersos a un mecanismo integral que determine responsabilidades, coordine a las instituciones involucradas y garantice que las familias reciban información y acompañamiento durante todo el proceso.
La campaña también pretende mantener visibles historias como la de Wendy Manueles, desaparecida en junio de 2013 cuando tenía 22 años y se dirigía hacia Estados Unidos. Su padre, Iván Manueles, continúa esperando conocer qué ocurrió con ella.
Las organizaciones coincidieron en que cada desaparición representa una situación que afecta no solo a la persona cuyo paradero se desconoce, sino también a todo su núcleo familiar. Por ello, insistieron en que la aprobación de la ley permitiría establecer mecanismos más claros para buscar a las víctimas, investigar los hechos y brindar asistencia integral a sus allegados.
