By La exviceministra de Seguridad y exdirectora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, cuestionó duramente a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional por lo que considera un intento de desacreditar a un testigo protegido relacionado con la investigación de la desaparición de la joven Angie Peña y otros casos vinculados a presuntas redes criminales.
A través de una publicación en redes sociales, Villanueva aseguró que sus cuestionamientos se fundamentan en su experiencia como patóloga científica, investigadora de la muerte y el delito y exfuncionaria de seguridad. Sostuvo que sus planteamientos están basados en criterios científicos, técnicos y en la valoración de pruebas.
La exfuncionaria afirmó que el testigo protegido identificado como AR1 contaba con un criterio de oportunidad y habría colaborado con las autoridades en investigaciones relacionadas con el caso de Angie Peña y otras víctimas. Según Villanueva, su declaración no constituía una prueba aislada, sino que estaría respaldada por otros elementos de prueba que, a su criterio, permitirían corroborar parte de sus afirmaciones.
Villanueva también cuestionó las circunstancias en las que murió el testigo protegido y sostuvo que su asesinato debe ser investigado tomando en cuenta la información que este habría proporcionado a las autoridades. En su mensaje, afirmó que las declaraciones del testigo podían resultar relevantes para establecer responsabilidades y conocer la operación de estructuras dedicadas a actividades criminales.
La exviceministra dirigió parte de sus señalamientos al director de la Policía Nacional, Oseguera Mass, a quien cuestionó por referirse al caso como un asunto complejo. Villanueva sostuvo que, desde su perspectiva, existen elementos suficientes para investigar las declaraciones del testigo y determinar si estas guardan relación con redes de criminalidad organizada.
Uno de los principales cuestionamientos de Villanueva está relacionado con la protección que debía recibir el testigo. La exfuncionaria calificó como una falla institucional el hecho de que una persona que colaboraba con investigaciones de interés para el Estado terminara asesinada, y consideró que las autoridades deben esclarecer si existieron omisiones antes, durante o después de su muerte.
Asimismo, criticó que desde la institucionalidad se haga referencia a los antecedentes del fallecido para cuestionar su credibilidad. Villanueva aseguró que los errores o deudas que este habría tenido en el pasado ya habían sido enmendados o cumplidos en vida, y pidió a las autoridades revisar la información disponible antes de emitir valoraciones sobre su trayectoria.
En su pronunciamiento, la exviceministra planteó además la posibilidad de que la información proporcionada por el testigo estuviera relacionada con una presunta infiltración de estructuras criminales dentro de instituciones del Estado. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de las afirmaciones realizadas por Villanueva y deberán ser establecidos mediante investigaciones y pruebas de las autoridades competentes.
Villanueva también cuestionó al ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, y pidió que la institución explique las razones por las cuales se han realizado declaraciones que, según ella, afectan la imagen y credibilidad del testigo fallecido. Consideró que, ante una situación de esta naturaleza, las autoridades deben priorizar la investigación de los hechos y evitar declaraciones que puedan interferir con el esclarecimiento del caso.
La exfuncionaria sostuvo que las instituciones de seguridad y justicia enfrentan una responsabilidad fundamental frente a la ciudadanía y que cualquier señalamiento relacionado con corrupción, omisión o complicidad debe ser investigado con rigurosidad.
Finalmente, Villanueva hizo un llamado al presidente Nasry Asfura para que revise de manera urgente las políticas de seguridad y los posibles casos de corrupción institucional. También pidió una “depuración urgente y radical” del sistema de justicia y seguridad, al tiempo que solicitó la atención de organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
El pronunciamiento de Villanueva vuelve a colocar bajo discusión el caso de Angie Peña y la información aportada por el testigo protegido AR1, así como las circunstancias de su muerte y el manejo institucional de las investigaciones. Hasta que las autoridades competentes concluyan las diligencias correspondientes, los señalamientos sobre presuntas redes criminales, corrupción institucional, omisión o complicidad deben ser considerados denuncias y acusaciones pendientes de comprobación.
