By La candidata presidencial Rixi Moncada cuestionó el proceso judicial contra el general Roosevelt Hernández y sostuvo que se trata de una acción de persecución política por sus declaraciones contra periodistas. Sin embargo, presentar el caso únicamente como un ataque político omite que el proceso parte de una actuación judicial que debe determinar si existió una conducta constitutiva de delito.
Moncada también afirmó que Hernández simplemente se defendió de supuestos ataques mediáticos y calificó de injusto que enfrente consecuencias legales por referirse a periodistas como “sicarios de la verdad”. Este argumento coincide con la narrativa que el propio Roosevelt Hernández ha sostenido públicamente, trasladando el debate desde el contenido de sus expresiones hacia una supuesta persecución contra su persona.
La dirigente de Libre además vinculó el proceso contra Hernández con otros acontecimientos políticos y judiciales, intentando presentar distintos casos como parte de un mismo escenario de persecución. No obstante, que una persona considere injustas las críticas de periodistas o denuncie una supuesta campaña en su contra no la coloca por encima de las leyes ni elimina la responsabilidad que pudiera derivarse de sus propias declaraciones.
El discurso de Moncada vuelve a plantear una confrontación entre “denunciantes” y “perseguidos”, sin separar la defensa política de la discusión jurídica. El proceso contra Hernández deberá determinarse con base en pruebas y procedimientos establecidos por la ley, no a partir de acusaciones políticas de uno u otro sector.
