El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, presentó un proyecto de ampliación presupuestaria por 57,437,595 lempiras para la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia. Los recursos estarían destinados a concluir el proceso de fiscalización y auditoría relacionado con las elecciones generales de 2025.
Rivera Callejas explicó que la Unidad de Política Limpia había solicitado anteriormente alrededor de 87 millones de lempiras para desarrollar las labores de fiscalización de los candidatos que participaron en el proceso electoral. Sin embargo, lamentó que, según sus declaraciones, el Congreso anterior no aprobara recursos para que la institución pudiera completar esta labor, considerada fundamental para garantizar la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.
El diputado nacionalista señaló que el proceso de fiscalización busca determinar quiénes fueron los aportantes de las campañas electorales y verificar si los candidatos y actores políticos cumplieron con la obligación de reportar correctamente sus ingresos y gastos. Asimismo, la revisión permitiría identificar posibles irregularidades, información incorrecta o aportaciones que no hayan sido declaradas ante las autoridades correspondientes.
La iniciativa contempla la asignación de un presupuesto especial para desarrollar las auditorías, así como las disposiciones necesarias para que la Secretaría de Finanzas pueda realizar la transferencia y ejecución de los recursos. Con esta ampliación presupuestaria se pretende completar la revisión documental y financiera pendiente de los procesos electorales.
De acuerdo con la propuesta, una vez finalizadas las auditorías, la Unidad de Política Limpia deberá presentar un informe de liquidación dentro de un plazo de 45 días hábiles, contados a partir del 30 de septiembre de 2027, fecha prevista para la conclusión del proceso de revisión y la aplicación de las sanciones que correspondan en caso de detectarse incumplimientos.
Rivera Callejas sostuvo que la aprobación de los más de 57 millones de lempiras permitiría avanzar en la fiscalización del financiamiento electoral y determinar si los candidatos electos cumplieron con las disposiciones establecidas en la legislación vigente. Ahora será el Congreso Nacional el encargado de analizar la propuesta y decidir si aprueba los recursos solicitados para que la Unidad de Política Limpia pueda finalizar el proceso de auditoría.