El anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial será presentado al Congreso Nacional el próximo 10 de junio y plantea una reestructuración profunda en la administración del Poder Judicial, con énfasis en la transparencia, la meritocracia y la eliminación de prácticas como el nepotismo y los conflictos de interés.

La iniciativa propone la creación de un órgano encargado de la administración de los recursos financieros, materiales y humanos del sistema judicial, incluyendo procesos clave como nombramientos, ascensos, concursos y disciplina del personal.

Autoridades judiciales explicaron que el objetivo central es garantizar que la selección de los integrantes del nuevo Consejo se base en criterios de idoneidad, ética y capacidad profesional, reduciendo cualquier tipo de influencia política o familiar en las decisiones administrativas.

El documento establece mecanismos de elegibilidad más estrictos y controles internos para asegurar la independencia del órgano, además de contemplar la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales dentro del Poder Judicial.

Uno de los cambios más relevantes es que la Corte Suprema de Justicia dejaría de asumir tareas administrativas para concentrarse exclusivamente en funciones jurisdiccionales, manteniendo su rol como máxima autoridad del sistema judicial.

El anteproyecto también contempla la integración de un Consejo de la Judicatura conformado por cinco miembros titulares y dos suplentes. Según la propuesta, su conformación estaría basada en procesos internos del Poder Judicial, con apoyo de criterios técnicos y éticos, y con participación de instancias vinculadas al sistema judicial.

Sectores vinculados al ámbito judicial consideran clave que el proceso de selección sea transparente. Representantes de organizaciones de jueces y funcionarios han señalado que la forma de elección de los miembros será determinante para garantizar la independencia del nuevo órgano.

Para la Asociación de Jueces por la Democracia, el diseño institucional debe evitar cualquier interferencia externa. En ese sentido, han insistido en que el Congreso debe respetar los elementos esenciales del proyecto, especialmente en lo relacionado con la carrera judicial y los mecanismos disciplinarios.

Desde la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, se ha planteado la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en la nueva estructura, asegurando procesos claros de selección y sanción dentro del sistema.

Por su parte, la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras ha subrayado la importancia de reforzar la meritocracia en los nombramientos, evitando prácticas discrecionales y priorizando concursos basados en capacidades.

La iniciativa retoma una figura institucional que fue eliminada hace más de una década, luego de que la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional la anterior Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, debido a cuestionamientos sobre su funcionamiento y diseño.

Con este nuevo planteamiento, el Poder Judicial busca modernizar su estructura administrativa y establecer un modelo más transparente, con mayor control interno y separación clara de funciones, que posteriormente será sometido a discusión en el Congreso Nacional.