El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, confirmó que se han iniciado investigaciones en torno a la construcción de hospitales impulsados en administraciones recientes, tras el hallazgo de posibles irregularidades en documentación, planificación y ejecución de los proyectos.

Aspra explicó que los primeros análisis han generado preocupación en las autoridades debido a inconsistencias detectadas en expedientes relacionados con procesos administrativos y judiciales vinculados a estas obras de infraestructura sanitaria.

“Hemos tenido hallazgos que nos tienen prácticamente asustados”, expresó el funcionario, al señalar que se han identificado exhortos y documentos que no coinciden con registros oficiales o que presentan anomalías.

Según detalló, algunos de esos documentos habrían sido remitidos a la Caja Única del Estado para hacer efectivos embargos que, al ser revisados, no cuentan con respaldo de demandas vigentes.

El procurador advirtió que existe la sospecha de que parte de esa documentación podría ser falsa, incluyendo posibles alteraciones en firmas y sellos utilizados en los procesos administrativos.

En ese sentido, indicó que el Tribunal Superior de Cuentas ya realiza una investigación preliminar como parte de la etapa administrativa, la cual servirá de base para eventuales acciones posteriores.

Aspra agregó que el objetivo es determinar la legalidad de los procedimientos relacionados con la planificación y ejecución de los hospitales, así como el uso de los recursos públicos destinados a su construcción.

“Nos encontramos en una encrucijada donde se planificó la construcción de un hospital, y la materialización y la puesta en operación va a ser grave en cuanto a la derogación de recursos”, señaló, al referirse al impacto financiero de los proyectos.

El funcionario también advirtió que, según los hallazgos iniciales, no se habría definido adecuadamente la funcionabilidad ni la sostenibilidad operativa de los hospitales en el momento de su planificación.

Respecto a posibles responsabilidades, Aspra afirmó que el proceso sigue en investigación y que no se descarta la deducción de responsabilidades administrativas, civiles o penales una vez se concluyan los informes técnicos.

“Creemos a primera mano de que sí van a haber hallazgos que van a conllevar a un tipo de responsabilidad”, puntualizó, al referirse a la continuidad de las diligencias que desarrollan las autoridades competentes.